LOS GRANDES PROBLEMAS ACTUALES DE MEXICO
Introducción
En
un indirecto y muy modesto homenaje a don Andrés Molina Enríquez, autor de Los
grandes problemas nacionales, libro de 1909, hace seis años intenté resumir en
tres los problemas que a mi juicio eran los más importantes del país en ese
momento electoral. El resultado fue un artículo que por muy diversas razones
nunca se publicó. Al revisar el texto ahora veo que esos mismos tres problemas
siguen siendo los que más afectan a nuestro país, simultáneamente, en los
ámbitos político, económico y social.
En
efecto, de los últimos 18 años del siglo pasado a la primera docena del actual
hemos vivido en México el surgimiento o agravamiento de un buen número de
problemas económicos, políticos y sociales, que pueden parecer efecto de los
cambios políticos y económicos que ha experimentado el país desde el inicio de
los años ochenta: la reforma política iniciada en el gobierno del presidente
José López Portillo (1976-1982) pero concretada hasta el de Ernesto Zedillo
(1994-2000) y las reformas económicas iniciadas en el de Miguel de la Madrid
(1982-1988) y profundizadas en el de Carlos Salinas (1988-1994), nuestra
perestroika y nuestro glasnost correspondientes.
Después
de un largo periodo de estabilidad política y crecimiento económico iniciado en
los años cincuenta, que concluye a finales de los sesenta y principios de los
setenta, México vive un corto periodo de auge –gracias a ingresos imprevistos
de divisas por exportaciones petroleras– que vino a desembocar en una crisis
económica y política, dando lugar a una serie de cambios durante los años
ochenta y noventa que, lejos de resolver los problemas básicos de pobreza e
inequidad, parece ser causa de su agravamiento y del surgimiento de nuevos
conflictos.
Es
una larga lista de problemas que incluye la pobreza, el desempleo, el comercio
informal, diversas formas de delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, la
emigración de mexicanos a Estados Unidos, la fuga de capitales, la corrupción,
la contaminación y destrucción del medio ambiente, la impunidad, los homicidios
sin resolver, los levantamientos populares regionales y el caciquismo, entre
los más destacados.
Si
bien algunos de estos problemas son ya muy viejos, hay dos factores nuevos que
acentúan la percepción de ellos por parte de la sociedad: la consolidación de
los medios de información como un nuevo poder que, ya sin cortapisas, presenta
y resalta –no sin prejuicios– dichos problemas, y el desencanto de la sociedad
mexicana por el fracaso de los gobiernos del PAN –el primer partido de
oposición que triunfó electoralmente en más de 70 años– para enfrentar y
resolver, así fuera parcialmente, algunos de ellos.
Desempleo y
pobreza
La
población económicamente activa asciende en México a unos 40 millones de
personas. Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que
significa una cifra de un millón 200 mil personas que cada año se incorporan al
mercado laboral en busca de empleo. En años de crecimiento económico alto, el
sector formal de la economía ha podido crear alrededor de 400 mil empleos por
año. El resto de la nueva fuerza laboral, unas 800 mil personas, se ve obligado
al empleo informal de diversos tipos (incluyendo actividades ilegales) o a
emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un
ritmo alto y sostenido en todos estos años, lo que implica que el número de
personas forzadas al empleo informal, la emigración o, de plano, la
delincuencia, sea mayor y creciente, a causa de la falta de oportunidades de trabajo.
Es decir, a la pobreza endémica del país se suma cada año un nuevo grupo de
desempleados, lo que constituye sin duda un caldo de cultivo propicio para todo
tipo de actividades ilegales. La causa directa de esta falta de oportunidades
es la relativamente baja inversión en proyectos productivos generadores de
empleos formales, lo que a su vez se debe en parte a la ausencia de un sistema
financiero real y el abandono de la política industrial por parte del Estado en
los últimos 30 años, temas que veremos más adelante.
Falta de respeto a las leyes
La
carencia de una cultura de respeto a la ley, entendida esta en un sentido
amplio, no es algo nuevo en México: podríamos ubicar su origen en la época
colonial. Tampoco es exclusiva de nuestro país. De hecho no hay país en el
mundo en el que todas las leyes se cumplan y respeten siempre. Pero cualquiera
que sea el indicador que se tome al respecto, México se cuenta actualmente
entre los países en los que las leyes se respetan en menor grado. Es evidente
que en nuestra sociedad las normas se cumplen solo cuando hay una amenaza clara
de sanción y autoridades con capacidad para aplicarla.
Esta
carencia de cultura de la legalidad obedece a varios factores de diversos
tipos, de los que destaco solo dos. El primero es que una buena parte de las
leyes no se puede cumplir, ya sea porque unas leyes contradicen a otras, porque
son obsoletas o inadecuadas o porque simplemente no hay autoridades en cantidad
y con capacidad suficientes para hacerlas cumplir. El segundo es la ignorancia
y el temor, o el desprecio que sienten los diversos sectores sociales respecto
a las leyes. En los sectores de menores recursos económicos se percibe a las
leyes como impuestas, es decir decididas al margen de ellos y, en consecuencia,
se ven como ajenas y, en general, hechas para perjudicarlos, no para
protegerlos. En los grupos de recursos económicos altos la percepción es más o
menos inversa, es decir, se percibe que las leyes están para favorecerlos, pero
solo a ellos y cuando no es así, se busca cualquier resquicio técnico para
evadirlas. El resultado en ambos casos es el mismo: las leyes no se perciben
como propias, como un mecanismo que se da la sociedad para funcionar en sus
diversos ámbitos, en sí mismo digno de respeto, justo y de aplicación general.
Las
autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios no han podido
eliminar la percepción que se tiene, entre la sociedad, de que son ellos los
primeros en violar la ley y esto aparece como un elemento adicional de
justificación moral para el incumplimiento de las normas entre los ciudadanos.
De ahí que se identifique a la corrupción como un obstáculo fundamental para el
avance social. Pero la corrupción es solo una parte del problema más amplio y
contextual que es el incumplimiento de las leyes en general. Este tiene
implicaciones políticas, económicas y sociales de primera magnitud, sobre todo
en un país que intenta adecuarse a la modernidad y a la globalidad.
Falta de
inversión, falta de crédito y falta de política económica
Como
en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de
inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en
términos reales y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), a su vez, altas y sostenidas en el largo plazo,
según estimaciones de organismos internacionales. Con ello, la economía podría
aumentar significativamente la generación anual de empleos y, en consecuencia,
la proporción de los salarios en el valor agregado, es decir, reducir la
concentración del ingreso. En ninguno de los últimos 25 años la proporción de
la inversión entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa
meta respecto al pib, aun considerando la inversión extranjera.
Desde
la primera parte de los años ochenta, el Estado ha reducido de manera
significativa su participación en la inversión total como resultado de la
orientación ortodoxa de la política económica, que concibe la inversión pública
como factor de desplazamiento de la inversión privada y que además considera a
la burocracia paraestatal como esencialmente corrupta, ineficiente e incapaz de
ser regulada. Por estas dos razones, se hacía indispensable –en esta lógica– la
privatización de las empresas estatales rentables y la liquidación de las no
rentables. La nueva inversión pública estaría limitada, además, por razones
presupuestarias.
En
estos casi 30 años de política ortodoxa, la inversión privada nacional no ha
podido llenar el hueco de la inversión pública y el Estado ha tenido que
revertir algunas de las privatizaciones debido a problemas de rentabilidad,
derivados de una deficiente administración en manos privadas. Tales fueron los
casos de la mayor parte de las carreteras nacionales de cuota, las líneas áreas
nacionales y –un caso muy especial– los bancos.
La
nacionalización de la banca mexicana decretada en 1982 por el gobierno de López
Portillo, como medida última para frenar la fuga de divisas, no ocasionó
ninguna catástrofe financiera como auguraban sus críticos. En contraste, la
reprivatización de la banca ocurrida años más tarde bajo el gobierno de Carlos
Salinas puso al sistema bancario mexicano en manos inexpertas y lo volvió
altamente vulnerable. Aunado a ello, la apertura financiera acelerada provocó
el ingreso de grandes cantidades de capital especulativo externo. Además, la
sobrevaluación de la moneda hizo aún más vulnerable al sistema financiero.
Síntesis
Este
tema es interesante ya que nos explica los tres grandes problemas que enfrenta
nuestro país durante años pero que en la actualidad ha agravada ya que esto ha
llevado a la pobreza, desempleo, corrupción y que el país este estancado y no
pueda desarrollarse de manera correcta y terminar con estos problemas causado
por muchos aspectos sobre todo por el mal gobierno y hay que hacer cambios para
combatir este problema y sobre todo para la mejora de nuestro país.
Por: Carol Rodriguez
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